Luis Federico Arias*

Un grupo de agentes policiales golpean violentamente a unos jóvenes manifestantes que reclamaban por mejoras edilicias en las escuelas1, un comerciante mata a un ladrón con su auto, luego de resistir un asalto y perseguirlo hasta atropellarlo2, un policía asesina por la espalda a un joven de 17 años por un hurto menor3, algunos internos de una unidad carcelaria asesinan a otro de varias puñaladas4Estos y otros muchos casos de violencia extrema, son una cuestión que requiere un análisis profundo y detenido, desde el punto de vista político y social. Sin soslayar la complejidad de este fenómeno, vale la pena pensar si la vida humana es, para la sociedad capitalista, un valor universal, o un derecho sólo disponible para ciertos sectores que lejos están de ser considerados como verdaderos desechos humanos5. Pero más allá de esa perspectiva que deseo dejar planteada como un punto central, es interesante analizar el aspecto constitucional, porque entiendo que contribuye a esa posición sesgada de la vida, permanentemente negada a los parias sociales.

¿Qué valor tiene la integridad física en nuestra Constitución?

Pues bien, desde una perspectiva estrictamente dogmática podríamos decir que, conforme al art. 17, “la propiedad es inviolable”, pero la vida no parece ser un valor jurídico supremo. La palabra “vida” en el texto de la Constitución de 1853 (con las reformas de 1860, 1866 y 1898), solo aparece una vez, en el artículo 29, pero con un sentido distinto, referido a la suma del poder público.

Es por ello que la CSJN ha debido recurrir a concepciones iusnaturalistas para decidir que:

el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional”6.

Al respecto, también ha existido un consenso generalizado en la doctrina especializada que, con apego a esas mismas concepciones, o por considerarlo un derecho implícito que surge del art. 33, le han otorgado rango constitucional a la vida.

Es que los Convencionales Constituyentes del 53’ parecen haber tomado como antecedente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 –seguida por la Constitución francesa de 1791- que no menciona siquiera una vez a la “vida”, tal vez por el sangriento proceso histórico, político y social que la precedió.

La reforma de 1994, tampoco consagró el derecho a la vida, puesto que la Ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional, no habilitó su incorporación entre los nuevos derechos.

Sin embargo, hubieron diversos debates vinculados fundamentalmente a la faceta más controvertida del derecho a la vida, que se vincula al inicio de esa protección y, más precisamente, al derecho de aborto. Ciertos sectores ligados a la Iglesia Católica, imbuidos de un fuerte dogmatismo, parecían estar más preocupados en evitar el aborto que en proteger la integridad psicofísica de quienes ya han abandonado el vientre materno.

Lo cierto es que la Convención Constituyente del ’94 perdió una nueva oportunidad de incorporar este derecho fundamental al texto constitucional. No obstante lo cual, y por vía indirecta, tal derecho alcanzó rango constitucional con la incorporación de los tratados de DDHH, a través del art. 75 inc. 22.

Los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas específicas referidas a este derecho, como el art. 4.1. del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo texto establece:

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

El derecho a la vida, como integridad psicofísica de las personas, no puede ser un derecho implícito en nuestra dogmática constitucional, puesto que, como señala acertadamente Dussel:

La política es ante todo una acción en vista del crecimiento de la vida humana de la comunidad, del pueblo, de la humanidad”7

Afirmar que la integridad personal deba estar por encima de todos los restantes valores y derechos no constituye una mera declamación formal, sino que adquiere implicancias prácticas, sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre quienes suele pesar el accionar de las fuerzas represivas del Estado.

Los diversos genocidios de la humanidad fueron perpetrados en nombre de diversos valores situados por encima de la “vida” misma. En nuestra historia reciente basta recordar el Acta del 24 de marzo de 1976, de la Junta Militar argentina para el “Proceso de Reorganización Nacional”, cuyo propósito consistía en:

Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad…”

Y el resultado concreto en la aplicación de esos “valores esenciales”, es por todos conocido: torturas, asesinatos, desaparición forzada de personas y apropiación de niños nacidos en cautiverio.

Por su parte, el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva)8, abasteciendo el derecho a la salud, a la vivienda digna, a la alimentación, el agua, el medio ambiente sano y otros derechos fundamentales que son negados a esos mismos sectores segregados de las sociedades occidentales, que padecen los efectos de la violencia institucional, alentada por un neofacismo social que se exhibe cada vez más radicalizado.

*Especialista en Derecho Público y juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata

5 Véase BAUMAN, Zygmunt. 2005. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós.

6 Fallos: 302:1284; 310:112; 323: 1339

7 Dussel, E. “20 tesis de política”, 2006, disponible en: http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/282.pdf

8 CSJN. V. 856. XXXVIII. RECURSO DE HECHO Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus.