Mariano Beristain
Después de garantizarse el control de los aumentos paritarios en el 2016 y el 2017, que establecieron un techo al salario muy por debajo de la inflación, el Gobierno de Mauricio Macri puso en marcha su objetivo explícito de reducir los ingresos nominales de los trabajadores y avanzar sobre los derechos históricos de la clase obrera, algunos de ellos, incluso, consagrados en la Constitución Nacional. Para arrodillar a los dirigentes gremiales, el Ejecutivo apela a dos elementos reñidos con la práctica política que prometió durante la campaña; las prebendas económicas y el chantaje judicial. El compromiso de Cambiemos de superar las diferencias con el diálogo quedó desdibujado desde el principio y la amenaza contra aquellos que piensan distintos se transformó en moneda corriente.
El objetivo oficial no apunta a diezmar a los capitostes de la Central Obrera sino a utilizarlos como rehenes con el fin de crear las condiciones necesarias que reduzcan la participación de los trabajadores en la riqueza y que acepten condiciones de trabajo de semiesclavitud. La “corrupción” de algunos dirigentes sindicales sirve entonces como excusa para deslegitimar al movimiento obrero organizado, principal foco de resistencia social ante la oleada de las políticas neoliberales en la región. Con esta mirada, Cambiemos, en su condición de representante político del establisment económico, juega simultáneamente por dos frentes paralelos y complementarios: el Congreso de la Nación y los acuerdos por convenio. Si  el resistido proyecto de Reforma Laboral no hace pié en el Parlamento, el Gobierno negociará uno por uno los cambios en los convenios colectivos. En este sentido, los funcionarios no escatiman ninguna herramienta legal o fronteriza con lo ilegal para cimentar este camino.
“Este gobierno actúa como la mafia calabresa, no tienen ningún código y los funcionarios se cagan en la palabra empeñada”, contó con bronca un alto dirigente peronista, que pretende ser el nexo entre los bloques justicialistas y de Unidad Ciudadana para avanzar hacia la unidad de la oposición en el Congreso.
Desde el comienzo de su gestión el macrismo abrió la temporada de carpetas judiciales con muy buenos resultados. Los carpetazos le han permitido agilizar en el Congreso el trámite de varios proyectos de ley gracias a los buenos oficios de dos ex referentes del Frente para la Victoria, el ex titular de la Anses y ahora diputado, Diego Bossio y el senador, Miguel Angel Pichetto. 
Más allá del capítulo legislativo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y su par de Interior, Rogelio Frigerio vienen trabajando desde los inicios en un plan para oradar definitivamente la formal cohesión de la CGT, con el fin de destruir los consensos que se lograron en materia laboral después de más de un siglo de lucha del movimiento obrero organizado.
Por ello el juego de los expedientes judiciales también les rindió sus frutos al Gobierno entre algunos dirigentes gremiales. La lista es extensa pero hace 48 horas hubo un caso en particular que prendió la luz de alerta en el mundo sindical. Marcos Ricardo Castro, titular del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, uno de los doce gremios de la actividad marítima, le ofrendó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich una rebaja salarial de entre el 1 y el 12,5% para los trabajadores. Castro sostuvo que para reducir el costo de producción los trabajadores deben aceptar un recorte del 2 % en la bonificación por antigüedad; bajar un 3% el pago por trincado de contenedores y otro 3 % por el lavado de tanques. Además de reducir el pago por ropa de trabajo y, lo más importante, disminuir 12,5% el salario total de los jerárquicos. La jugada de Castro empezó a gestarse  durante una asamblea del gremio que tuvo lugar el 19 de enero último en la que el marítimo, después de una larga y conflictiva tertulia gremial, consiguió el apoyo de los suyos para renegociar el convenio colectivo de los Capitanes de Ultramar. Sin embargo el trasfondo de la decisión de Castro tiene que ver con su temor a terminar preso como su socio el ex secretario Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Omar “Caballo” Suárez. El Gobierno aprovechó una denuncia de su diputada Elisa Carrió, en la que la chaqueña acusa, a partir de información proporcionada por la Aduana, a la firma MARUBA S.A.  por supuestas irregularidades en la venta como chatarra de un buque mercante de carga general MV ACONCAGUA IMO 8213823, entregado para desguace. La irregularidad denunciada tiene que ver con la subfacturación del buque que en lugar de venderse a un precio de entre U$S180 y U$S250 la tonelada se facturó a U$S56,7 la tonelada.
Este tipo de maniobras es muy común en las operaciones de comercio exterior, sin embargo, el hecho de que parte de la empresa MARUBA perteneciera al “Caballo” Suárez y a Castro generó un particular interés en el Gobierno que se lo hizo saber a este último. En medio de las presiones y el chantaje oficial, Castro, un hombre sin demasiadas convicciones políticas, quiso demostrar su buena predisposición a colaborar con el Gobierno y anunció una rebaja salarial que le resulta útil al oficialismo como ejemplo para perforar la negativa de los gremios a aceptar un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y una quita del salario.
El Gobierno ya no quiere que se discutan paritarias sino salarios más baratos. Sin embargo, como ya no existe la dictadura para garantizar una fuerte caída del salario real recurriendo a los palos, los asesinatos y las desapariciones,  Cambiemos apela a la política de chantajes y las prebendas económicas. Por ejemplo, Triaca tiene un acuerdo de palabra cerrado con el grupo de los denominados “gordos” de la CGT (los gremios tradicionales de servicios como el de Comercio). Esos acuerdos se traducen generalmente en beneficios para aquellos sindicatos de los “gordos” más propensos a negociar.
De hecho a obra social del líder mercantil Armando Cavalieri (Osecac) fue la más beneficiada por el reintegro oficial por las obras sociales. El gobierno está en la obligación de devolver el dinero pero el ritmo al que lo hace responde a sus necesidades políticas.
La OSECAC aparece con $689 millones como la principal beneficiada en el reparto oficial del año pasado. Esa suma corresponde al reintegro de gastos por tratamientos de alta complejidad. De acuerdo a un trabajo del periodista, Marcelo Silva que publicó el diario La Nación, en 2016 se entregaron, por ese concepto, $ 8.000 millones entre todas las obras sociales registradas. Se trata, en promedio, de un 30% del total de recursos que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) giró para que los gremios recuperen el dinero de tratamientos y remedios para discapacidades y enfermedades oncológicas, entre otras.

Detrás de Osecac, aparece con $ 677 millones Unión Personal, la prestadora de los estatales de UPCN, cuyo jefe es Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y de buena relación con el Gobierno.
En tercer lugar, entre los más favorecidos, la obra social de la Uocra (Construcción) que lidera Gerardo Martínez, con $ 455 millones. Entre los principales beneficiarios también se ubicaron los sindicatos de Peones Rurales del desaparecido Gerónimo “Momo” Venegas, con $291 millones y la obra social de Gastronómicos ($248 millones), que gobierna Luis Barrionuevo.
Por último, cierra el círculo, Sanidad ($224 millones), a cargo de Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT. Pese a que el principal criterio de distribución del dinero es la cantidad de afiliados, La Bancaria, el gremio cuyo titular es el combativo, Sergio Palazzo, recibió $22 millones, menos del 10% del resto de los sindicatos. La distribución responde, en términos generales, a la regla de a mayor cantidad de afiliados y de gastos. Pero en la práctica el criterio es más bien antojadizo. La obra social de los bancarios -otro numeroso gremio- de Sergio Palazzo, que integra la Corriente Federal, línea opositora al Gobierno, quedó relegada, con sólo $ 22 millones, una cifra que representa alrededor del 3% de lo que le dieron a Comercio y el 9% de lo logrado por Sanidad.
Es decir, el Gobierno quiere dinamitar el poder de fuego de los gremios, dividiéndololos, apelando al chantaje y la coacción. Para ello pueden recurrir a cualquier iniciativa. En definitiva, para Cambiemos, el fin justifica los medios. Y en este caso, el fin, es reducir a la mínima expresión los derechos y los salarios de los trabajadores.