Mariano Beristain

Desde hace unos años el problema de la corrupción ha ganado un lugar preponderante en los espacios periodísticos y entre las causas que ingresan al sistema judicial argentino. Casi se diría que los periódicos podrían tener una sección fija que se llame corrupción. De hecho, el diario La Nación y Clarín instituyeron en sus páginas web, con una dosis elevada y cuestionable de malignidad, la solapa “Corrupción K”. Este concepto sugiere a la opinión pública la idea que detrás del kirchnerismo coexiste una asociación ilícita que accedió al gobierno con el fin primario de delinquir. Usted, lector, podrá ser un antikirchnerista acérrimo, odiar a Cristina Fernández de Kirchner por su verba, por sus definiciones políticas e incluso por su vestimenta, pero hoy no existe un solo elemento objetivo de que el gobierno de Néstor Kirchner y los dos períodos de CFK hayan formado parte de una asociación ilícita para robar. No se trata de recostarse políticamente de un lado o del otro del mostrador. Para condenar a una persona por malversación de fondos, cohecho o cualquier otro término que utilice la Justicia con el fin de enmarcar un acto de corrupción hacen falta elementos probatorios y un proceso judicial que encuentre culpable al acusado, tal como lo establece la ley.

De lo contrario, sólo se trata de una sospecha, sin sustento legal, que, repetida en el tiempo por un grupo comunicacional, se transforma en una condena pública que persigue un objetivo primordial: deslegitimar al sujeto (en este caso al Kirchnerismo) y convertirlo en un cadáver político. Hoy el único funcionario K que se encuentra en la cárcel por cobrar coimas es el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien, a fines del año pasado, recibió una pena de 6 años de prisión. Es probable que haya más ex funcionarios del kirchnerismo inmiscuidos en hechos de corrupción. No lo sé. Pero existen burócratas del Poder Judicial, como Claudio Bonadío, que han colocado todos los recursos y las energías del Estado para hallar una cadena de corrupción K, sin éxito.

Me atrevería a decir, incluso, que funciona un ejercito de jueces y fiscales que se han abocado casi exclusivamente a encontrar un encadenamiento de hechos que permitan concluir la existencia de una “cofradía” K, abocada a recaudar dinero proveniente de ilícitos. Hasta ahora, sin embargo, no hay ningún indicio objetivo que pruebe esta temeraria afirmación, instalada como verdad revelada por algunos medios y el propio Cambiemos.

Es decir, que en primera instancia, desde el punto de vista jurídico y político, resulta relevante distinguir entre la sospecha y la cosa juzgada. Este peligroso juego mediático-judicial de la corrupción ya lo sufrieron en carne propia otros dirigentes políticos y figuras de renombre que resistieron el status quo predominante en su época, como Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón e incluso el general José de San Martín. Bartolomé Mitre, el empresario que fundó el diario La Nación, ensució el nombre de San Martín por unas supuestas comisiones que el prócer, junto al líder chileno Bernardo O’Higgins (1778-1842), habrían depositado en cuentas bancarias en Londres. Para referirse a este caso, Mitre habló del “punto negro” de San Martín. Ninguna de esas infundadas acusaciones se confirmó y la historia absolvió al prócer.

Después del golpe de Estado de 1930, el gobierno golpista de José Felix Uriburú creó una comisión especial para investigar al depuesto Hipólito Yrigoyen con el fin de encontrar “irregularidades administrativas”. Pero la cosa no quedó ahí. Yrigoyen fue indagado y se le dictó prisión preventiva, hasta que lo indultaron en febrero de 1932, ante el silencio de la Justicia, que, a través de una acordada vergonzante de la Corte Suprema, homologó el golpe de Estado cívico-militar del 30. El clima de sospechas de corrupción contra Yrigoyen lo había instalado un par de años antes el periódico La Fronda, una herramienta de la derecha que quería destruir políticamente al Presidente. Este diario llegó a escribir en sus páginas, en 1929, que “el camino de las urnas ha quedado clausurado para siempre” y que el sistema político era una “máquina de corrupción creada por él (Yrigoyen) en largos años de acción demagógica” que sólo una transformación de régimen podía remover. De esta manera, La Fronda instigó el golpe de Estado de 1930, utilizando la excusa de la corrupción pero como telón de fondo cuestionaba las políticas “demagógicas” (o populistas, en la jerga presente) de Yrigoyen.

Pero más allá de que algunos reflejos de la historia puedan remitirnos a la actualidad, resulta indisimulable que la corrupción forma parte central de la agenda de preocupaciones de la clase media argentina. Tanto es así que en algunos casos la lucha contra la corrupción es la justificación que muchos votantes de Cambiemos esgrimen para explicar las decisiones del Gobierno que reducen el presupuesto del PAMI o eliminan el Fútbol para Todos, entre otras cosas. El combate contra la corrupción se convirtió en el principal argumento del oficialismo para instrumentar un ajuste fiscal que, lisa y llanamente, eliminó derechos que beneficiaban a un amplio espectro de la población, incluso a aquellos ciudadanos que se inclinaron por Macri en el cuarto oscuro. Cuando se analiza la corrupción hay que hacer un distingo entre el acto individual y la corrupción institucional. La primera atañe a una o varias personas que se aprovechan de su condición de funcionario (s) público (s) con el fin de obtener un rédito personal. Por ejemplo, el caso del ex secretario de Obras Públicas, José López, llamó la atención de la opinión pública por los condimentos cinematográficos del apresamiento y porque el ex funcionario kirchnerista tenía en su bolso 5 millones de dólares. Probablemente el dinero obtenido por López haya sido mayor pero los dólares a la vista de las cámaras generaron un golpe de efecto muy fuerte en el espectador. En cambio, la corrupción institucionalizada es la utilización sistemática de este acto por parte de un poder del Estado, una herramienta política, una suerte de asociación ilícita enquistada con el propósito de delinquir y obtener beneficios para ciertas personas o grupos económico determinados.

Por ejemplo, las malas lenguas dicen que en algunos distritos de España, la corrupción está arraigada en el poder ya que cada funcionario recibe un porcentaje fijo de acuerdo al escalafón que ocupa dentro de la función pública.

Sin embargo, la corrupción individual y la institucional representan casos distintos porque en el primero el/los sujeto (s) corrompidos utilizan el poder en la administración pública para engrosar su patrimonio personal, en cambio cuando la corrupción se institucionaliza el propósito es transformar al Estado en una herramienta que consolide la posición dominante de un uno o varios grupos económicos. La corrupción estructural afecta negativamente la distribución de la riqueza y el equilibrio político pero lo más grave de todo puede llegar a configurar un modelo de país que se base en los principios del poder económico reinante.

Cuando un funcionario, a partir de una coima o beneficio económico, adopta una decisión que favorece a un sector económico, pongámosle el financiero, permite que los actores de este segmento de la economía obtengan una rentabilidad más alta en desmedro de otros actores económicos y sociales o a costa del interés general. Entonces, la corrupción institucional genera un daño en el tejido económico, político y distributivo de una magnitud muy superior al de un cohecho individual. Cuando se institucionaliza un acto de corrupción, también se lo naturaliza, pues adquiere un status legal.

Por ejemplo, sí a partir de una coima o un acuerdo de amigos con un segmento X un funcionario habilita a este sector para que deje de pagar determinado impuesto, se modifica el ajedrez económico: la corrupción pasa a formar parte de la política de un gobierno.

Esta decisión que favoreció por ley/decreto/resolución a un sector determinado se mantendrá en el tiempo hasta que alguien decida modificar este cuadro, o, quizás, continuará de por vida puesto que un vez que se instauró resulta más difícil eludir el lobby del sector que logró imponer el cambio.

En el artículo 7 inciso 4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que la Argentina prohijó el 6 de junio de 2006, se hace especial hincapié en la importancia de “adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses” en el aparato estatal.

La superposición de intereses se ha transformado en un verdadero ojo de tormenta para el gobierno de Cambiemos. Hace poco en una entrevista con el diario Clarín, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso confesó que este organismo está investigando 240 casos de incompatibilidad o potenciales conflicto de intereses entre los funcionarios.

Traducido al castellano, Alonso dijo que su partido, Cambiemos, colocó en el gobierno a 240 ministros, secretarios de Estado, directores y  jerárquicos en áreas estratégicas que tienen a su cargo la tarea de controlar, regular y negociar con grupos económicos, empresas y sectores de poder para los cuales trabajaban antes de llegar al Estado.

El problema, entonces, se plantea cuando un funcionario o grupo político accede legalmente al poder en representación de un sector mientras la voluntad popular lo eligió con el objeto de que sus políticas privilegien el interés general.

Mientras la población debatía con comprensible indignación como López, un ex funcionario K, animaba los canales de TV con su bolso repleto de dólares, el presidente Macri completaba su staff con un ejercito de CEOs, que toman decisiones en la administración pública consultando la agenda de prioridades que tiene la compañía multinacional en la que revistaban hasta hace unos meses atrás.

Desde que asumió el presidente Mauricio Macri su gestión se ha visto empañada porqué sus actos de gobierno no acompañaron en ningún momento las promesas públicas que formuló durante su campaña. Por ejemplo, en el debate con su principal oponente, el justicialista Daniel Scioli, Macri garantizó que no iba a devaluar el peso.

Sin embargo, incluso antes de asumir, el actual Presidente anticipó la devaluación y la eliminación de las retenciones a los productos primarios agropecuarios e industriales. Esta última medida representó para el erario público un costo de $60.000 millones, que terminaron en los bolsillos de las agroexportadoras y grandes productores.

Pero, además, del efecto “bolsillos vacíos” que generó entre los trabajadores con ingresos fijos en pesos, la devaluación tuvo un costo contante y sonante de más de 70.000 millones de pesos, que el Estado tuvo que pagarle hasta abril del año pasado a los ahorristas por la decisión gubernamental de no esperar hasta que se vencieran los contratos futuros que había acordado el Banco Central.

La determinación de devaluar, curiosamente, registró como beneficiarios a varios funcionarios del equipo económico de Macri, entre los que se encontraban el cerebro de la operación Futuros, Mario Quintana.

Sin embargo, el caso Futuros planteó, incluso adentro del kirchnerismo, otro dilema: la judicialización de la política económica. El fallo de Bonadío, que en esencia cuestiona la operación con Futuros al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, al ex ministro de Economía, Axel Kicillof y a otros técnicos, conlleva un peligro mucho mayor porque pone en tela de juicio la potestad del Ejecutivo de instrumentar medidas de política económica. Entonces, con la excusa de la corrupción se abrió una fisura judicial que podría incapacitar a los gobernantes para tomar medidas de política económica.

Además, partiendo de premisas falsas, la batalla semántica contra la corrupción instala entre la población una encrucijada tramposa, una verdadera falacia: “Sí los kirchneristas son corruptos y los macristas también, entonces todos los políticos son corruptos”. Por ende, concluye este falso teorema, que es preferible que gobierne el país cualquier persona o grupo de personas que no sean políticos; los militares, algún economista mesiánico o cualquier sujeto que reniegue de la política como instrumento de cambio.

En otras palabras, detrás de la mascarada de la lucha contra la corrupción, se busca invisibilizar debates más profundos, que tiene que ver con la intención del poder económico de cooptar definitivamente al Estado y de desacreditar cualquier propuesta política que se presente como una alternativa, e incluso, si es necesario, sentar las bases para deslegitimar al sistema democrático y abrir así las puertas a un gobierno autoritario.