Mariano Beristain

La reforma laboral que el Gobierno acordó con el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) promete empeorar y precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. El proyecto alimenta la percepción popular en torno del carácter clasista de Cambiemos en favor de los más ricos y en detrimento de los sectores de ingresos bajos y medios.

Por un lado, habilita el blanqueo gratuito de millones y millones de pesos (el Ejecutivo no aclara el costo final) en deudas previsionales que los empleadores mantienen con el Estado y, por otro, le arrebata a los trabajadores una porción importante de sus indemnizaciones cuando elimina del cómputo de la reparación al Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo), las bonificaciones y todos aquellos ítems sin periodicidad mensual.

No obstante ello, la iniciativa del macrismo deja abierta un sinnúmero de puertas sombrías que pueden dar lugar a situaciones graves y nocivas para el trabajador y que a su vez generan las condiciones para engordar la “industria del juicio”, que el presidente Mauricio Macri dice combatir.

El proyecto excluye a importantes minorías, como a los trabajadores con capacidades especiales. Ello a pesar de que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y la vicepresidenta Gabriela Michetti se encuentran en el círculo de los discapacitados motrices.

El contador público nacional y profesor de la Universidad de Quilmes, Eduardo Roldan advirtió a Mucho Más que Dos que la propuesta que ingresó al Congreso puede lavarle la cara a muchos empresarios que fueron condenados por trata de Personas y/o trabajo infantil.

Por su parte, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada recalcó que “es un proyecto anti trabajador” que “preanuncia nuevos embates sobre las relaciones colectivas (negociación, sindicatos, huelga)”.

Tomada redactó un informe en el que desgrana el proyecto de Reforma Laboral. En su introducción, analiza las “reformas” que propone el presidente Mauricio Macri, incluyendo en el paquete a la reforma tributaria, previsional y laboral, los tres proyectos que forman el corpus de la propuesta de Cambiemos. Tomada alerta además sobre la “pérdida de derechos de las mayorías, la desprotección de los grupos más vulnerables, y la incertidumbre con respecto al impacto en la vida cotidiana de todos, tanto hoy como en el futuro”.

En otro tramo, el ex ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner admite que “el proyecto de Reforma Laboral, incluyó modificaciones que le bajan el tono devastador al borrador y anteproyecto que habían circulado” pero acto seguido subraya que “de todas formas, sigue siendo un proyecto anti trabajador”.

Blanqueo del empleo no registrado

El blanqueo laboral exime a los empleadores que tienen en su plantilla trabajadores no registrados de las sanciones penales por delitos tributarios. También los absuelve del pago de deudas por millones de pesos relativos a infracciones, multas, recargos y sumas controvertidas en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social.

Además aquellos empleadores que regularicen a todos los trabajadores que tienen en negro o de forma irregular se los eliminará del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). El Estado publica en este registro todos los días las sanciones firmes por trabajo no registrado que aplican el Ministerio de Trabajo de la Nación, la AFIP, autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos aires, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El REPSAL también incluye “las sanciones por obstrucción a la inspección del trabajo, sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas por el empleador, sanciones por infracciones a la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, y las sentencias por infracción a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”.

El REPSAL funciona hasta la fecha como una suerte de castigo ejemplificador del Estado pues aquellos empleadores que integran el listado “no pueden acceder a programas, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos, ni celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación”.

Tampoco pueden participar en concesiones de obras públicas ni acceder a los beneficios económicos de promoción de contrataciones de personal.

Es decir, el blanqueo del Gobierno habilita a los peores empleadores para volver al ruedo como si nada hubiera ocurrido.

La pregunta cae de madura, ¿con el blanqueo también se eliminará del REPSAL a aquellos que se encuentren en este registro sancionados por trabajo infantil y trata de personas? Roldan responde de forma categórica a esta duda. “La ley 26.940 de creación del REPSAL establece en sus artículos 3 y 4 que las empresas que han sido sancionadas por infracciones trabajo infantil y adolescente, y trata de personas, con sentencia firme, deben figurar en el registro”.

“Este artículo deja abierta la puerta para que aquellos que emplearon mano de obra infantil salgan del REPSAL”, advierte Roldan.

Cambiemos y algunos de sus socios empresarios nunca han tenido una postura muy clara en lo atinente al trabajo infantil y la Trata de Personas. Por ejemplo, el diputado y ex precandidato del PRO a la gobernación de Salta, Alfredo Olmedo fue citado por la justicia en una causa en la que se lo investiga por trabajo esclavo e infantil en sus plantaciones de olivares. En una inspección de la AFIP se detectaron 400 personas reducidas a la servidumbre, trabajo infantil y trata de personas.

Cabe recordar además que el legislador porteño Gustavo Vera denunció a la actual Primera Dama, Juliana Awada por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos” en su emprendimiento textil. Cambiemos jamás separó de sus filas a Olmedo ni planteó critica alguna contra Awada. Lo paradójico es que Macri hace seis días participó cómo orador en el cierre de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se realizó en Buenos Aires en el Predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Otra curiosidad más, el sector rural encabeza junto a la industria textil el ranking de las denuncias por trabajo infantil.

Uno de los puntos centrales del proyecto de Reforma Laboral es el título I que lleva el pomposo nombre de “REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO NO REGISTRADO, LUCHA CONTRA LA EVASIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRACIÓN LABORAL”. En realidad este segmento refiere al ignominioso condonamiento de millones y millones de pesos que los empresarios le deben al Estado y a los propios trabajadores en concepto de contribuciones patronales y deudas previsionales.

De acuerdo al proyecto oficial, los empleadores tendrán 360 días corridos, a partir de la reglamentación de la ley, para regularizar a los trabajadores en negro, rectificar la remuneración real y la verdadera fecha de ingreso. Los primeros 180 días podrán condonar el 100% de la deuda y si la registración se hiciera efectiva en los 180 días subsiguientes se verán beneficiados con una rebaja del 70%. Con el blanqueo, los empleadores en infracción también quedarán exentos del pago de la indemnización que deberían abonarle al trabajador por todos los años que estuvo empleado de forma irregular.

En cambio, la propuesta gubernamental sólo le reconoce a los trabajadores 60 meses de servicio y contemplando un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil para la Obtención de la Prestación Básica Universal jubilatoria y para el Seguro de Desempleo, sin embargo en ningún caso este reconocimiento es válido a los efectos indemnizatorios. Roldan lo explica mejor: “Los trabajadores regularizados pueden computar hasta 5 años de aportes jubilatorios pero no antigüedad en el trabajo. Esto es favorable (para el trabajador) por los aportes al sistema pero desfavorable porque la antigüedad es un concepto remunerativo y no computa para el cálculo de la indemnización por despido sin justa causa. En un contexto de crisis Pyme (que generan el 70% de los puestos de trabajo) las indemnizaciones se ven afectadas”.

En otras palabras, si un empleado textil lleva trabajando en negro como encargado 10 años, la ley sólo le reconocerá, a los efectos jubilatorios, cinco años de servicio con un ingreso mensual mínimo de $8.860 pero no contemplará ese período en caso de despido.

En este sentido, Tomada advierte que en el proyecto “no existen cláusulas adecuadas que permitan evitar el abuso de este régimen en perjuicio de los trabajadores (por ej. blanquear para despedir)”.

Evasión en la Seguridad Social y Reducción de las indemnizaciones

El informe de Tomada explica que el proyecto oficial “establece un procedimiento para la comunicación, liquidación y cobro administrativo de la AFIP por sentencias que hayan determinado que el empleador evadió aportes y contribuciones por falta de registración del trabajador”.

El artículo 12 del proyecto oficial señala que el empresario o el trabajador tienen un plazo de 10 días hábiles inmediatos a la sentencia laboral o de la resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio o transaccional que reconozca hechos y derechos para comunicárselo a la AFIP”. Para cumplir con la comunicación el artículo 13 del proyecto señala que la AFIP pondrá a disposición una herramienta informática a tales efectos. a la que se podrá acceder mediante la utilización de clave fiscal. (1)

¿Qué diferencias de fondo existen entre la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso y la que rige en la actualidad en este punto? Tomada recuerda que “actualmente la Ley 24.013 (Ley de Empleo) ordena al empleador pagarle al trabajador indemnizaciones con motivo de la falta de registración o registración deficiente” mientras que el Gobierno quiere eliminarlas como indemnización y que se acrediten como multas a los organismos de seguridad social”. En este punto también pierden los trabajadores y, como dice el ex ministro de Trabajo, “se desactiva una herramienta disuasoria del empleo no registrado”.

Modificaciones a la ley de Contrato de Trabajo 

Las principales modificaciones del proyecto de Cambiemos tiene que ver con la alteración de varios artículos de la ley de Contrato de Trabajo (LCT). En primer lugar el artículo 28 crea la categoría de Trabajadores Profesionales Autónomos Económicamente Vinculados, que no están comprendidos dentro del Régimen de Contrato de Trabajo establecido por la ley 20.744 y de cuyo estatuto no se conocen los alcances. Se trata de “trabajadores que presten servicios especializados realizando una actividad a título honeroso, de manera habitual, personal y directa, para una persona física o jurídica, de la que resulten económicamente hasta el 80% de sus ingresos anuales y/o no se superen las VEINTIDÓS (22) horas semanales de dedicación”. Con respectos a los efectos de esta nueva categoría de trabajadores, Tomada puntualiza: “es el caso de los profesionales que trabajan en una empresa “facturando” pero sin recibo de sueldo. Siempre se discutió si eran o no trabajadores en relación de dependencia”. Pero acota que “ahora obviamente se decide la exclusión de los derechos que estipula la ley de Contrato de Trabajo”.

De esta manera, se amplía el universo de los trabajadores que no están comprendido por la LCT que antes marginaba a los “dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal”, al personal de casas particulares y a los trabajadores agrarios.

Roldan, por su parte, admite que “es un punto que genera incertidumbre. Está destinado a los trabajadores que son profesionales o idóneos en nuevas tecnologías o servicios poco habituales y especializados. Son trabajadores sin espacios sindicales que los protejan”.

Uno de los artículos más polémicos por las derivaciones que puede tener en el corto y el mediano plazo es el atinente a la “irrenunciabilidad” de derechos de los trabajadores. La cúpula de la CGT se ufanó de haber opacado los cambios que proponía el Gobierno. Sin embargo, en los hechos no queda muy claro en que reside el optimismo de los jerárcas sindicales.

Veámos: el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo señala expresamente que “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. Para decirlo en términos más llanos, ningún empresario puede hacerle firmar a su empleado o al gremio un contrato o acuerdos laborales por el cual el trabajador resigna derechos que se encuentran estipulados en la LCT y otras leyes inferiores. Por eso se llama “irrenunciabilidad”.

Sin embargo, el artículo 29 del proyecto oficial modifica el artículo 12 con trampa incluida. El proyecto oficial incurre en dos cambios importantes. Por un lado elimina de la frase lo relativo a “los contratos individuales de trabajo” y agrega las modificaciones de elementos esenciales del contrato individual deberán ser homologadas por el MTEySS (Ministerio de Trabajo), y el trámite realizado con asistencia sindical o con patrocinio letrado”.

Esta supresión -destaca Tomada- implica que si un/a trabajador/a o grupo de trabajadores/as logró mejores condiciones que las establecidas por el Convenio Colectivo de Trabajo, esas condiciones podrán ser alteradas por voluntad del empleador, siempre que esta modificación se homologue administrativamente y la negociación sea con asistencia al trabajador”.

Osea que bajo un contexto político favorable para la patronal y de alto desempleo, como el actual, el empresario tienen la sartén por el mango y alcanza con qué “convenzan” al trabajador de modificar las condiciones laborales para que ésto se haga realidad en el Ministerio de Trabajo.

Otro punto que abre las puertas a una mayor litigiosidad entre el empresario (la parte fuerte de la relación) y el trabajador (la parte débil) es el concerniente a la tercerización. En la ley actual las empresas que tercericen trabajos deben controlar y exigirle al contratista que cumpla con las normas de trabajo y seguridad social. En el caso de que ello no ocurra, los trabajadores pueden hacer corresponsable a la empresa principal. Pero los dedos mágicos del ministro Jorge Triaca también modificaron este punto pues en el artículo 30 referido a la subcontratación se exime de cumplir el Régimen de Responsabilidad Solidaria a las empresas quecontraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática, que se efectúen en el establecimiento o explotación”Tampoco será aplicable a “los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación“. Asimismo le permite a las empresas que tercerizan/tercerizadas eximirse de toda responsabilidad solidaria si acreditan ante autoridad administrativa que cumplen con ciertos requisitos. En este sentido, el paper de Tomada subraya tres efectos perniciosos del nuevo proyecto; elimina la responsabilidad solidaria en las actividades mencionadas. precariza el trabajo en las empresas de esos sectores generalmente débiles, insolventes o no registradas y “relaja” el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa principal.

En lo relativo a las formas y modalidades de trabajo, también hay un punto que prende una luz amarilla porque la normativa actual precisa que el empleador no puede abusar de la facultad de modificar modalidades esenciales de trabajo ni con ello provocar un perjucio al trabajador, pues eso le confiere al empleado la posibilidad de considerarse despedido “sin justa causa” o pedirle al empleador que restablezca las condiciones acordadas por vía judicial mediante un procedimiento expedito e implica, hasta tanto, una medida de innovar.

Con la normativa que ingresó al Congreso se elimina la acción sumarísima y la medida de no innovar, limitándolo a una acción a través del convenio colectivo y a un juicio ordinario. En este punto Tomada advierte que en la práctica este cambio “implica una ampliación de las facultades del empleador para modificar las condiciones de trabajo y eliminar la posibilidad de accionar para retrotraerlas” en el tiempo.

Esta modificación faculta al empleador, en “tiempos de desocupación”, a modificar a piacere las condiciones de trabajo de sus operarios bajo el principio de “si no te gusta. andáte”.

También se ven afectadas las indemnizaciones por despidos. La propuesta oficial excluye del cálculo base la parte proporcional del Aguinaldo, las comisiones, las bonificaciones sin periodicidad mensual, los pagos especiales por evaluación de desempeño, las compensaciones de gastos y cualquier otro rubro que no tenga periodicidad mensual.

“De esta manera, se reduce la indemnización y se fomenta el despido sin causa lo cual flexibiliza la relación laboral otorgándole al empleador un mayor poder”, aclara Tomada.

El proyecto oficial, puntualiza Roldan, considera el SAC (Aguinaldo) como una remuneración no habitual de acuerdo a lo “percibido”, pero es de devengamiento habitual. Para el especialista, los legisladores deberían introducir el concepto del “SAC devengado por día trabajado”, lo que lo hace normal y habitual a lo largo de cada uno de los dos semestres, y debería entrar en la base de cálculo”.

Pero además hay un elemento adicional que puede generarle a la clase trabajadora dolores de cabeza. Cuando el Gobierno decide considerar al aguinaldo como un ítem “sin periodicidad mensual” también crea las condiciones para que deje de integrar en un futuro el ingreso salarial.

Contrato a tiempo parcial

El proyecto gubernamental también introduce modificaciones en el contrato a tiempo parcial (2). Se flexibiliza el concepto y, por ende, se extiende esta modalidad contractual. “Al hacer el cálculo sobre la base semanal flexibiliza la jornada y permite que se produzcan excesos horarios”, precisa Tomada en su informe.

El único punto que trae aparejado algún tipo de beneficios al trabajador es el concerniente a licencias especiales. El proyecto prevé extender  a 15 días la licencia por nacimiento de hijo y se agrega una licencia para trámite de adopción de 10 días. Además, se incorpora el concepto de “jornada reducida programada, acordada y transitoria, para cuidado de menores (hasta 4 años)”, pero los supuestos beneficiarios no reciben compensación alguna. Otra novedad: se agrega una licencia de 30 días por “razones particulares planificadas”, que no computa para la antigüedad.y cinco días de licencia para reproducción asistida. Para Tomada es “correcto el reconocimiento de la llamada “licencia parental” por 15 días, la jornada reducida para cuidado de menores, la relacionada con trámites de adopción por tratamientos de reproducción asistida”. De cualquier manera, el ex ministro apunta que “los 30 días por razones particulares sin goce de haberes puede ser utilizada por el empleador para que el trabajador no concurra a prestar servicios”.

Otro asunto incoveniente para el trabajador reside en los cambios en la actualización de los créditos laborales (3). En el futuro el Gobierno prevé que los créditos laborales se actualicen convalidando la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) correspondiente a sus operaciones de crédito hipotecario. De esta manera, se reduciría la tasa aplicada por el Poder Judicial para la actualización de las deudas indemnizatorias y de otra índole. También se vería afectada la indemnización de los trabajadores porque índice UVA no guarda relación con la variación de precios al consumidor ni con el costo de vida ni los salarios.

Fondo de cese laboral

El artículo 39 del proyecto oficial habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial con el objeto de remplazar el pago del preaviso y las indemnización en caso de despido sin causa por parte del empleador. El proyecto en cuestión aclara que la adhesión del empleador a este fondo será voluntaria pero “una vez practicada la misma tendrá carácter de irrevocable, comprendiendo a todo el personal de su dotación que se encuentra alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo”. Sin embargo, los trabajadores comprendidos en el sector no pueden elegir y, por ende, se transforma en obligatoria. Los beneficiarios pueden optar, los damnificados, no. En este sentido Tomada destaca varios efectos negativos del mencionado Fondo de Cese Laboral que enumeramos a continuación:

  • Se usa la negociación colectiva “a la baja”.

  • Reemplaza al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido

  • Es un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”.

  • Implica la ajenidad del empleador respecto de la responsabilidad de abonar indemnizaciones.

  • Elimina el efecto disuasorio de la indemnización por despido, porque el empleador lo va financiando y la erogación le resulta ajena.

  • Si el aporte del empleador al monto es bajo, la adopción del sistema implicará una reducción sustancial de las indemnizaciones.

  • Se estipula la posibilidad de cobrar la indemnización en cuotas.

Prácticas (de) Formativas

En el extenso Capítulo IV, el proyecto del oficialismo refiere a las prácticas formativas. El Ejecutivo considera que la principal herramienta de orientación hacia el trabajo es la progresiva instalación del proceso educativo formal dual, que apunta a la promoción de prácticas formativas en ambientes reales de trabajo.

De esta manera, Tomada advierte que “el Sistema de Prácticas Formativas reemplaza al actual Sistema de Pasantías Educativas (Ley 26.427) y a las pasantías secundarias (Ley 26.058 y Decreto 1374/11)” y “amplía la participación a los graduados de la educación superior hasta un año después de recibidos”. Pero en este punto también se observa un retroceso que favorece al sector empresario pues “en la ley 26.427 la vulneración de algún requisito por parte de la empresa implicaba el tratamiento de contrato laboral por tiempo indeterminado; ahora se suprime”.  En lo concerniente al fomento del empleo juvenil, la iniciativa gubernamental habilita a participar en las políticas de promoción de empleo a los menores de entre 16 y 18 años, pese a que la normativa se aplicaría a las personas de hasta 24 años de edad. “La novedad de este proyecto es que agrega a las empresas privadas de empleo como intermediarias sumándolas a las Oficinas Públicas de Empleo”, señala el trabajo de Tomada.

Además, previendo el crecimiento de empresas industriales en situación de concurso, crisis  o de quiebra, el Gobierno pretende crear el Seguro de desempleo ampliado para trabajadores desvinculados de empresas en “transformación Productiva con dificultades competitivas y/o productividad declinante”. El seguro durará hasta 9 meses, menos de lo usual que es un año. Además incluye un subsidio por seis meses para aquellos trabajadores que consigan empleo sin un monto definido ni una alícuota de referencia, que se hace extensivo a nueve meses cuando se trata de trabajadores de más de 45 años. Asimismo continuará respaldado por ley la Red Federal de Empleo, que en la actualidad cuenta con 600 oficinas distribuidas en todo el país.

En resumen, la reforma laboral del Gobierno incluye contenidos escabrosos que agravan de forma preocupante las asimetrías existentes entre capital y trabajo que, sin lugar a dudas, pretenden al trabajador en un eslabón absolutamente marginal en la creación de la riqueza. La patronal, en cambio, se beneficia con el condonamiento de una deuda millonaria a costa del Estado y del propio trabajador. Y adquiere un rol desequilibrante en la relación laboral que le confiere un poder inusitado para fijar condiciones de contratación que retrotraen al país a los períodos más oscuros de principios del siglo XX.

  1. A los fines de la liquidación e intimación por los aportes y/o contribuciones omitidas, emergentes de relaciones laborales -total o parcialmente- no registradas, la comunicación del artículo 12 deberá incluir los siguientes elemento: a) Nombre íntegro o razón social del empleador, su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y su domicilio y, en su caso, de los responsables solidarios; b) Nombre y apellido del trabajador y su Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.); c) Fecha de comienzo y fin de la vinculación laboral, si ésta se hubiere extinguido; d) Convenio Colectivo de Trabajo aplicable; y e) Remuneración devengada correspondiente a cada uno de los períodos de la relación laboral.
  2. La ley de Contrato de Trabajo lo reconoce como “aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad”.
  3. En la actualidad, los créditos laborales provenientes de relaciones individuales de trabajo son actualizados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor en la Capital Federal.