Por Fernanda Vallejos

El gobierno presentó los ejes de la llamada Reforma Tributaria, con un costo fiscal, para el Estado, de 1,5 puntos del PBI, al término de su aplicación. Se trata, en rigor de verdad, de la profundización de un programa de ampliación de privilegios al poder económico y desfinanciamiento del Estado sin beneficio de inventario para la enorme mayoría de la población. La primera parte de este programa se puso en marcha apenas asumido el gobierno, mediante la eliminación de retenciones, primero, a los productos primarios y manufacturas agropecuarias, seguida por la reducción de la alícuota sobre la soja, la eliminación de retenciones a la gran industria exportadora y finalmente a las mineras. Este primer capítulo se completó con la reducción de Bienes Personales y ganancias a la distribución de dividendos, aprobada en el marco de la “ley ómnibus” que habilitó el blanqueo de capitales, luego extendido por decreto presidencial a sus propios familiares y los de sus funcionarios.

La reforma tributaria, con un costo fiscal de 1,5 puntos del PBI, es un programa de ampliación de privilegios al poder económico y desfinanciamiento del Estado que comenzó apenas asumido el gobierno, mediante la eliminación y reducción de retenciones y de Bienes Personales y ganancias a la distribución de dividendos, que le costó al Estado 2 puntos del PBI.

Esta primera etapa de reforma tributaria fuertemente regresiva le costó al Estado resignar nada menos que 2 puntos del PBI en materia recaudatoria. Es decir, el Estado dispuso de 2 puntos menos del PBI en recursos para volcar a inversión pública y social, limitando su capacidad redistributiva y empeorando las condiciones de equidad de la sociedad, al mismo tiempo que se deterioraban las cuentas públicas por el ensanchamiento del déficit fiscal. La transferencia generada fue, en cambio, pura ganancia para los beneficiarios de la reforma: en 2016 los exportadores, por ejemplo, engordaron sus bolsillos en $70.000 millones que el Estado dejó de recaudar. Es decir, el abandono de programas universitarios fruto del desfinanciamiento de la educación superior, la caída real de los salarios de los maestros de nuestros hijos, ¡o los tarifazos derivados de la quita de subsidios!, fue el costo social que pagamos para enriquecer a los empresarios beneficiarios de la política oficial.

La actual reforma se presenta apoyándose en una idea instalada previamente: se habla de “presión fiscal” con una clara connotación negativa. De ésta se dice que es altísima. Lo que no se dice es que no es así para los deciles de mayores ingresos y riqueza, los de mayor capacidad contributiva. A pesar de que se podrían presentar tintes positivos a los cambios impositivos que introduce la reforma (ej. gravámen sobre ciertas rentas financieras), lo cierto es que no contribuye de manera significativa a una mayor progresividad del sistema. Progresividad que fue severamente dañada con los cambios ya introducidos en la fase previa antes citada. De hecho, mientras la incidencia promedio de impuestos regresivos entre 2003 y 2015 fue de 55,35%, su peso creció a 59,06% promedio en 2016 y a 60,10% en los primeros siete meses de este año. Por lo demás, surgen algunas dudas, que el gobierno deberá despejar. Por ejemplo:

  • El impacto que la modificación en el Impuesto al Cheque tiene sobre los recursos y el financiamiento de ANSES. Máxime tomando en cuenta que los cambios introducidos en la reforma laboral en materia de aportes a la seguridad social, van en el mismo sentido de desfinanciar al sistema previsional.

  • El impacto de otras modificaciones como la reducción de impuestos internos sobre los productos electrónicos sobre la economía de Tierra del Fuego.

  • O, el impacto del incremento de los impuestos internos sobre determinados productos, como las bebidas alcohólicas, sobre economías regionales como la cuyana.

Desde que Macri asumió el sistema tributario es más regresivo: mientras la incidencia promedio de impuestos regresivos entre 2003 y 2015 fue de 55,35%, su peso creció a 59,06% promedio en 2016 y a 60,10% en los primeros siete meses de este año. Esta reforma tampoco contribuye de manera significativa a una mayor progresividad del sistema.

En lo sustantivo, los efectos concretos de la reforma propuesta, sobre la base de la excusa multipropósito de promover la inversión -que nunca llega, dicho sea de paso- son, lisa y llanamente, mayor disponibilidad de recursos para las corporaciones empresarias y, para decirlo en buen romance: mayores ganancias para el capital. En efecto, estas bondades corporativas que ofrece la reforma ya habían sido adelantadas, entre otros, por la banca JP Morgan en un reciente informe en el que destacaba que la misma estaba pensada para “reducir impuestos a las empresas”. Por cierto, la reducción de Ingresos Brutos o Ganancias para las sociedades, ambos impuestos claramente trasladados a precios que paga el consumidor, por parte de los empresarios (con bastante facilidad en estructuras oligopólicas de mercado), con seguridad no redundará en una mejora de los precios de los bienes finales, es decir, no acarreará beneficios para el consumidor. En cambio, a la par que vacía las arcas públicas, implica una transferencia de ingresos desde el Estado hacia las empresas. Por su parte, los trabajadores, los consumidores, los argentinos de a pie, se quedan sin el pan y sin la torta. Beneficios para ellos la reforma no ofrece. Por el contrario, a pesar de que Macri accedió a la presidencia prometiendo que los trabajadores no pagarían ganancias en su gobierno, del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría la reforma no dice ni mú. Y, por otro lado, pierden parte de los bienes y servicios públicos que antes les proveía el Estado y que ahora ya no están disponibles.

Como había adelantado JP Morgan el objetivo de la reforma es “reducir impuestos a las empresas”. Los efectos concretos son, lisa y llanamente, mayor disponibilidad de recursos para las corporaciones empresarias y, para decirlo en buen romance: mayores ganancias para el capital. Por su parte, los trabajadores, los consumidores, los argentinos de a pie, se quedan sin el pan y sin la torta. Beneficios para ellos la reforma no ofrece. Y, por otro lado, pierden parte de los bienes y servicios públicos que antes les proveía el Estado y que ahora ya no están disponibles.

Además, si estamos de acuerdo en que el objetivo deseable de toda reforma tributaria debería ser el de promover una mayor igualdad mediante sistemas cada vez más progresivos, hay dos cosas que deben ponerse de relieve y que exigen una rectificación de las políticas hasta ahora implementadas por Cambiemos: una, como ya se señaló, que los cambios introducidos por la política tributaria oficial volvieron al sistema sensiblemente más regresivo (hay menos peso de los impuestos que pagan quienes tienen mayor capacidad contributiva y mayor peso de aquellos que recaen universalmente sobre los sectores menos favorecidos). La otra, que dentro del esquema redistributivo tenemos dos patas: una es la de la recaudación que, como ya mostramos empeoró, y la otra, la del mal llamado gasto público. Este último ha sido atacado con cargamentos enteros de mala fama; no obstante, es el elemento más progresivo del sistema: son recursos que el Estado invierte en la provisión de bienes y servicios a los que muchos sectores de nuestra sociedad no podrían, de otro modo, acceder. Una política económica que hace culto del achicamiento de los recursos públicos es, desde el vamos, cualquier cosa menos progresiva.