CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL: LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA OFFSHORE COMO LÍMITE AL DESARROLLO NACIONAL

Combatir la corrupción estructural, los nuevos tipos de criminalidad económica offshore, practicada a nivel global y facilitada por ingenierías financieras y guaridas fiscales de lavado internacional, no es una cuestión de derecho penal, es una prioridad del desarrollo económico y social de nuestras naciones, es una necesidad para la satisfacción de las cuestiones más trascendentes de la tarea política: la reducción de la pobreza, la mejora de la igualdad, la felicidad de nuestro Pueblo.

Fernanda Vallejos, Diputada Nacional electa, Unidad Ciudadana.

Las investigaciones internacionales vinculadas a centros financieros offshore dejaron al desnudo las prácticas delictivas de “cuello blanco” de los ricos y poderosos del mundo y que involucran, casi sin excepción, al conjunto de los grandes empresarios, incluidos, tal como se vió en las filtraciones dadas a conocer, los argentinos.

En nuestro país, además, han involucrado también al gobierno (no casualmente, un gobierno de empresarios y “ex” gerentes vip de grandes corporaciones económicas y financieras multinacionales). Desde el propio presidente, Mauricio Macri, entre otros funcionarios de su gabinete, quedaron señalados con el estallido de Panamá Papers, durante 2016, cuando se conoció la existencia de más de 50 empresas del grupo Macri ocultas en paraísos fiscales y, en los últimos días, al darse a conocer una segunda investigación denominada Paradise Papers, los involucrados resultaron ser el ministro de Finanzas, el ex JP Morgan, Luis Caputo, y el de Energía, el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren.

La gravedad de los delitos tributarios, económicos y financieros a los que quedaron vinculadas personas y empresas con participación en las principales guaridas fiscales del mundo, ha hecho estallar severas crisis políticas en diversos países que terminaron con renuncias de primeros ministros y funcionarios de alto rango. Argentina, para sorpresa de la prensa internacional, fue una excepción. Los hechos develados no sólo no suscitaron la atención de los principales medios nacionales sino que el poder judicial se ocupó de desvincular, en un tratamiento express, al presidente por su participación en dos firmas offshore en Bahamas e Islas Caimán.

Sin embargo, el problema de los paraísos fiscales constituye una preocupación para políticos y especialistas en criminalidad económica en diversas latitudes del globo. Refresquemos que los así llamados paraísos fiscales son países con bajísima o nula carga de impuestos para quienes depositan su dinero en cuentas bancarias o constituyen sociedades en esos territorios laxos o nulos en el control del lavado de dinero; otra característica central de estos países es el secreto bancario; todas conseciones absolutamente convenientes para quiénes tienen dinero negro y quieren vivir en su país sin pagar impuestos o evitando ser controlados por sus capitales de origen espúreo.

Según James Henry, ex economista jefe de la consultora internacional McKinsey, el monto albergado en paraísos fiscales asciende a US$ 36 billones, el doble del tamaño de la economía de Estados Unidos. Los análisis internacionales revelan que el 63% de los flujos offshore a nivel mundial se explican por corporaciones económicas; el 37% restante tendría origen en delitos tales como el narcotráfico, la trata y otros, entre ellos la corrupción que involucraría a la política, estimada en apenas el 3% de ese 37%.

El estudio de James Henry -que toma como fuentes al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, los bancos centrales de diversas naciones y el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) y triangula esa información con cifras de demanda de monedas extranjeras y oro, además de los datos ya existentes sobre entidades bancarias en paraísos fiscales- “llama la atención sobre este enorme ‘agujero negro’ en la economía mundial que nunca había sido medido: la riqueza privada depositada en cuentas off shore y la cantidad de ingresos que produce libre de impuestos”, señaló el autor. El economista destaca que “muchos de los países considerados deudores son en realidad países ricos, pero el problema es que esa riqueza está off shore, en manos de sus elites y sus banqueros privados”.  

Los cálculos de los expertos internacionales para el caso argentino como así también de los estudiosos locales del tema, hablan de entre 400.000 millones y 500.000 millones de dólares fugados desde nuestro país, un stock de riqueza equivalente al 80% de nuestro PBI, más que suficiente para financiar la consolidación del desarrollo económico y social de la Nación y, naturalemente, terminar definitivamente con el negocio de la deuda externa, injustificable frente a la suficiencia de ahorro interno. Por cierto, los especialistas en el “mundo offshore” colocan a la Argentina en el cuarto lugar, a nivel mundial, por la relación capitales offshore/PBI.

Para los Estados, estas prácticas financieras de los más ricos y las corporaciones más poderosas constituyen una verdadera dificultad fiscal-tributaria, ya que los actores de mayor capacidad contributiva evitan pagar impuestos en los países donde obtienen su riqueza, llevándose los capitales a estos centros financieros offshore. Esta conducta económicamente criminal de las elites deriva en la privación para los Estados de los recursos tributarios necesarios para redistribuir y proveer bienes y servicios públicos, como salud, educación, desarrollo científico, o hacer inversiones en infraestructura. Acto seguido, los ciudadanos de a pie, que sí cumplen con sus obligaciones impositivas, pagan el costo de no contar con esos bienes y servicios. O, cuando hay administraciones neoliberales como la de Mauricio Macri, pagan el costo del ajuste que justifican con el argumento de que hay que corregir el déficit fiscal (que los mismos ricos generaron con su evasión).

En los países de nuestra región, la más desigual del planeta, el problema de la evasión fiscal y los paraísos fiscales es particularmente grave. De acuerdo con un informe del Foro Económico Mundial, entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de la región aumentaron 21% por año en promedio, muy por encima de la tasa general de crecimiento de nuestras economías. De manera tal que “gran parte de esta riqueza se mantiene en paraísos fiscales, lo que significa que una parte importante de los beneficios del crecimiento de América Latina está en manos de un pequeño número de personas muy ricas, a expensas de los pobres y la clase media”, sostiene el informe. De acuerdo con las estimaciones disponibles, el 29% de la fuga de capitales de la región latinoamericana tiene como destino Estados Unidos, otro 29% se encontraría en Suiza, mientras otro tercio se reparte entre el Reino Unido, el Caribe y Panamá. Si Argentina se ubica cuarto en el podio de los países con mayor nivel de fuga de capitales hacia paraísos fiscales en relación con el tamaño de su economía, el segundo lugar también corresponde un país de la región: Venezuela. Un dato interesante a la hora de buscar puntas de ovillos que señalen las causas del subdesarrollo.

De acuerdo con la CEPAL, con datos del año 2014, la evasión fiscal de personas y empresas en la región latinoamericana costó cerca de US$ 200.000 millones. Según las estimaciones del gobierno de Ecuador, solucionar el problema de la evasión vinculada a los patrimonios ocultos en paraísos fiscales permitiría sacar de la pobreza a 32 millones de personas en América Latina y el Caribe. Volviendo a la Argentina, las estimaciones disponibles hablan de más de U$S 20.000 millones al año que el Estado pierde de recaudar dado que se van por la “canaleta” de la fuga offshore.

Por todas estas razones, distintos países del mundo y de la región comenzaron a interesarse en mejorar sus legislaciones para incorporar estas nuevas problemáticas y sancionar esta corrupción estructural de nuevo tipo. En Costa Rica y Ecuador, por ejemplo, a partir del escándalo internacional desatado con los Panamá Papers, se aprobaron leyes que prohiben las actividades offshore de funcionarios públicos.

Es absolutamente necesario que la República Argentina avance en este sentido. Para ello es preciso dictar una ley de combate contra la corrupción estructural, que prohíba el ejercicio de la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado a todos aquellos que tengan dinero, bienes, participen, tengan inversiones o formen parte de sociedades que se encuentren en países considerados guaridas fiscales. Asimismo se debe modificar el régimen de la ley 25.188, de “Ética Pública”, en su Capitulo 5 referido a la figura penal de “la incompatibilidad” en el funcionario.

Se deberán tipificar nuevas figuras penales vinculadas a una nueva modalidad de “Criminalidad Económica Offshore”. Entre ellas, la “evasión offshore” deberá castigarse con una pena no menor a los 10 años de prisión -no excarcelable, excepto ante la devolución de lo evadido-.

También deberán estar prohibidas en el ámbito del Estado las operaciones y contrataciones con empresas cuyos domicilios se encuentren en países identificados como guaridas financieras de lavado internacional, tal como sucedió con la compra de gasoil por parte del Ministerio de Energía, a empresas offshore subsidiarias de la multinacional Shell. Igualmente, debará incorporarse, en el marco del combate a la corrupción estructural derivada de la criminalidad offshore, la figura obligatoria de la suspensión preventiva y disponibilidad del cargo del funcionario denunciado, (agravando la pena por falsa denuncia, como garantía del funcionario leal) y la imprescriptibilidad de la acción y de la pena respecto del funcionario y sus posibles testaferros.

El rol del poder legislativo, a través de una Comisión Bicameral, en la ivestigación y control de las incompatibilidades de todos los funcionarios, será también una pieza clave de la nueva legislación.

Las claves de la ley:

  • Prohibir el ejercicio de la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado a todos aquellos que tengan dinero, bienes, participen, tengan inversiones o formen parte de sociedades que se encuentren en países considerados guaridas fiscales.

  • Modificar el régimen de la ley 25.188, de “Ética Pública”, en su Capitulo 5 referido a la figura penal de “la incompatibilidad” en el funcionario.

  • Tipificar nuevas figuras penales vinculadas a una nueva modalidad de “Criminalidad Económica Offshore”.

  • Castigar la “evasión offshore” con una pena no menor a los 10 años de prisión -no excarcelable, excepto ante la devolución de lo evadido-.

  • Prohibir en el ámbito del Estado las operaciones y contrataciones con empresas cuyos domicilios se encuentren en países identificados como guaridas financieras de lavado internacional.

  • Crear la figura obligatoria de la suspensión preventiva y disponibilidad del cargo del funcionario denunciado, (agravando la pena por falsa denuncia, como garantía del funcionario leal) y la imprescriptibilidad de la acción y de la pena respecto del funcionario y sus posibles testaferros.

  • Creación de una Comisión Bicameral, en la ivestigación y control de las incompatibilidades de todos los funcionarios.

La iniciativa, además, contribuirá a mejorar la imagen internacional de nuestro país, muy dañada por la participación de los más altos funcionarios del gobierno en Panamá y Paradise Papers. Un tema sensible para el G20 que Argentina tendrá la responsabilidad de presidir a partir del 1 de diciembre y donde la cuestión de los paraísos fiscales aparece como uno de los ejes centrales, no sólo para los gobiernos sino para organizaciones políticas y de la sociedad civil que le reclaman a los líderes mundiales que tomen cartas en el asunto.